INFORMÁTICA JURÍDICA
Comentario:
Al analizar los artículos de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ademas del Código General del Proceso. Se puede observar la evolución de la informática y todas las áreas relacionadas con esta, demostrando como ha ayudado a facilitar la aplicación de la rama del derecho, como la celeridad en los procesos y el acceso a la justicia de una forma mas eficiente. Contribuyendo finalmente a mejorar el sistema judicial dando una calidad de trabajo y eficiencia para aquellos abogados litigantes, así como sus clientes los cuales paulatinamente se han visto beneficiados con estos cambios
LEY 270 DE 1996 (Marzo 7)
Estatutaria de la
Administración de Justicia
ELECTRON
ARTICULO 95. TECNOLOGIA
AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA El Consejo Superior de la Judicatura
debe propender por la incorporación de tecnología de avanzada al servicio de la
administración de justicia. Esta acción se enfocará principalmente a mejorar la
práctica de las pruebas, la formación, conservación y reproducción de los
expedientes, la comunicación entre los despachos y a garantizar el
funcionamiento razonable del sistema de información.
Los juzgados, tribunales y
corporaciones judiciales podrán utilizar cualesquier medios técnicos, electrónicos,
informáticos y telemáticos, para el cumplimiento de sus funciones.
Los documentos emitidos por
los citados medios, cualquiera que sea su soporte, gozarán de la validez y
eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su
autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las
leyes procesales.
Los procesos que se tramiten
con soporte informático garantizarán la identificación y el ejercicio de la
función jurisdiccional por el órgano que la ejerce, así como la
confidencialidad, privacidad, y seguridad de los datos de carácter personal que
contengan en los términos que establezca la ley.
ARTICULO 110. COMITE
TECNICO INTERINSTITUCIONAL. Créase
el Comité Técnico Interinstitucional conformado por todos los directores de los
organismos que forman parte del Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales, el
cual estará presidido por el Director Ejecutivo de Administración Judicial.
Como Secretario del mismo actuará el delegado del Departamento Nacional de
Planeación.
El Comité tiene por objeto
implantar y desarrollar de manera coordinada los intercambios electrónicos entre
todos los organismos que forman parte del Sistema Nacional de Estadísticas
Judiciales. Para tal efecto, dictará todas las disposiciones indispensables a
la interoperabilidad técnica y funcional del Sistema. Así mismo, el Comité
tiene a su cargo el buen funcionamiento de la red telemática que será
perfeccionada por todos los organismos que forman parte del Sistema, la cual se
deberá implantar en un plazo máximo de dos años contados a partir de la
vigencia de la presente Ley, y del control de su funcionamiento.
TECNOLOG
ARTICULO 4º. Modificado por el art. 1, Ley 1285 de 2009. El
nuevo texto es el siguiente: Celeridad
y Oralidad. La administración de justicia debe ser pronta, cumplida y
eficaz en la solución de fondo de los asuntos que se sometan a su conocimiento.
Los términos procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte
de los funcionarios judiciales. Su violación injustificada constituye causal de
mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. Lo
mismo se aplicará respecto de los titulares de la función disciplinaria.
Las actuaciones que se
realicen en los procesos judiciales deberán ser orales con las excepciones que
establezca la ley. Esta adoptará nuevos estatutos procesales con diligencias
orales y por audiencias, en procura de la unificación de los procedimientos
judiciales, y tendrá en cuenta los nuevos avances tecnológicos.
Parágrafo Transitorio. Autorízase al Gobierno Nacional para
que durante los próximos cuatro años incluya en el presupuesto de rentas y
gastos una partida equivalente hasta el 0.5% del Producto Interno Bruto de
acuerdo con las disponibilidades presupuestales, el Marco Fiscal de Mediano Plazo
y el Marco de Gastos, para desarrollar gradualmente la oralidad en todos los
procesos judiciales que determine la ley y para la ejecución de los planes de
descongestión.
ARTICULO 95. TECNOLOGIA AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA El Consejo Superior
de la Judicatura debe propender por la incorporación de tecnología de avanzada al servicio de
la administración de justicia. Esta acción se enfocará principalmente a mejorar
la práctica de las pruebas, la formación, conservación y reproducción de los
expedientes, la comunicación entre los despachos y a garantizar el
funcionamiento razonable del sistema de información.
Los juzgados, tribunales y
corporaciones judiciales podrán utilizar cualesquier medios técnicos,
electrónicos, informáticos y telemáticos, para el cumplimiento de sus
funciones.
Los documentos emitidos por
los citados medios, cualquiera que sea su soporte, gozarán de la validez y
eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su
autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las
leyes procesales.
Los procesos que se tramiten
con soporte informático garantizarán la identificación y el ejercicio de la
función jurisdiccional por el órgano que la ejerce, así como la
confidencialidad, privacidad, y seguridad de los datos de carácter personal que
contengan en los términos que establezca la ley.
ARTICULO 161. REQUISITOS ADICIONALES PARA EL DESEMPEÑO DE
CARGOS DE EMPLEADOS DE CARRERA EN LA RAMA JUDICIAL. Para ejercer los cargos
de empleado de la Rama Judicial en carrera deben reunirse, adicionalmente a los
señalados en las disposiciones generales y a aquellos que fije la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura sobre experiencia,
capacitación y especialidad para el acceso y ejercicio de cada cargo en
particular de acuerdo con la clasificación que establezca y las necesidades del
servicio, los siguientes requisitos mínimos:
1. Niveles administrativo y
asistencial: Título de abogado o terminación y aprobación de estudios de
derecho.
2. Nivel profesional: Título
profesional o terminación y aprobación de estudios superiores.
3. Nivel técnico: Preparación
técnica o tecnológica.
4. Nivel auxiliar y operativo:
Estudios de educación media y capacitación técnica o tecnológica.
PARAGRAFO 1º. Cuando se
trate de acceder a los cargos de empleados de carrera por ascenso dentro de
cada uno de los niveles establecidos en este artículo, la experiencia judicial
adquirida en el cargo inmediatamente anterior se computará doblemente. Este
cómputo no tendrá efectos salariales.
INFORMATIC
ARTICULO 95. TECNOLOGIA AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION
DE JUSTICIA El Consejo
Superior de la Judicatura debe propender por la incorporación de tecnología de
avanzada al servicio de la administración de justicia. Esta acción se enfocará
principalmente a mejorar la práctica de las pruebas, la formación, conservación
y reproducción de los expedientes, la comunicación entre los despachos y a
garantizar el funcionamiento razonable del sistema de información.
Los juzgados, tribunales y
corporaciones judiciales podrán utilizar cualesquier medios técnicos,
electrónicos, informáticos
y telemáticos, para el cumplimiento de sus funciones.
Los documentos emitidos por
los citados medios, cualquiera que sea su soporte, gozarán de la validez y
eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su
autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las
leyes procesales.
Los procesos que se tramiten
con soporte informático
garantizarán la identificación y el ejercicio de la función jurisdiccional por
el órgano que la ejerce, así como la confidencialidad, privacidad, y seguridad
de los datos de carácter personal que contengan en los términos que establezca
la ley.
ARTICULO 98. DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA
ADMINISTRACION JUDICIAL. La
Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial es el órgano técnico y
administrativo que tiene a su cargo la ejecución de las actividades
administrativas de la Rama Judicial, con sujeción a las políticas y decisiones
de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
El Director Ejecutivo será
elegido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura de
tres (3) candidatos postulados por la Comisión Interinstitucional de la Rama
Judicial.
De la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, dependerán las Unidades de Planeación, Recursos
Humanos, Presupuesto, Informática
y las demás que cree el Consejo conforme a las necesidades del servicio.
El Director Ejecutivo de
Administración Judicial, será el Secretario General del Consejo Superior de la
Judicatura y Secretario de la Sala Administrativa del mismo.
El Director tendrá un período
de cuatro (4) años y sólo será removible por causales de mala conducta.
TELEMATIC
ARTICULO 95. TECNOLOGIA AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION
DE JUSTICIA El Consejo
Superior de la Judicatura debe propender por la incorporación de tecnología de
avanzada al servicio de la administración de justicia. Esta acción se enfocará
principalmente a mejorar la práctica de las pruebas, la formación, conservación
y reproducción de los expedientes, la comunicación entre los despachos y a
garantizar el funcionamiento razonable del sistema de información.
Los juzgados, tribunales y
corporaciones judiciales podrán utilizar cualesquier medios técnicos,
electrónicos, informáticos y telemáticos, para el cumplimiento de sus funciones.
Los documentos emitidos por
los citados medios, cualquiera que sea su soporte, gozarán de la validez y
eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su
autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las
leyes procesales.
Los procesos que se tramiten
con soporte informático garantizarán la identificación y el ejercicio de la
función jurisdiccional por el órgano que la ejerce, así como la
confidencialidad, privacidad, y seguridad de los datos de carácter personal que
contengan en los términos que establezca la ley.
ARTICULO 110. COMITE TECNICO INTERINSTITUCIONAL. Créase el Comité Técnico Interinstitucional
conformado por todos los directores de los organismos que forman parte del
Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales, el cual estará presidido por el
Director Ejecutivo de Administración Judicial. Como Secretario del mismo
actuará el delegado del Departamento Nacional de Planeación.
El Comité tiene por objeto
implantar y desarrollar de manera coordinada los intercambios electrónicos
entre todos los organismos que forman parte del Sistema Nacional de
Estadísticas Judiciales. Para tal efecto, dictará todas las disposiciones
indispensables a la interoperabilidad técnica y funcional del Sistema. Así
mismo, el Comité tiene a su cargo el buen funcionamiento de la red telemática que será
perfeccionada por todos los organismos que forman parte del Sistema, la cual se
deberá implantar en un plazo máximo de dos años contados a partir de la
vigencia de la presente Ley, y del control de su funcionamiento.
LEY 1437 DE 2011
(Enero 18)
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ELECTRONIC
Artículo 5. Derechos de las
personas ante las autoridades. En
sus relaciones con las autoridades toda persona tiene derecho a:
1. Presentar peticiones en
cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por escrito, o por cualquier otro
medio idóneo y sin necesidad de apoderado, así como a obtener información y
orientación acerca de los requisitos que las disposiciones vigentes exijan para
tal efecto.
Las anteriores actuaciones
podrán ser adelantadas o promovidas por cualquier medio tecnológico o electrónico
disponible en la entidad, aún por fuera de las horas de atención al público.
2. Conocer, salvo expresa
reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y obtener copias, a
su costa, de los respectivos documentos.
3. Salvo reserva legal,
obtener información que repose en los registros y archivos públicos en los
términos previstos por la Constitución y las leyes.
4. Obtener respuesta oportuna
y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para el efecto.
5. Ser tratado con el respeto
y la consideración debida a la dignidad de la persona humana.
6. Recibir atención especial y
preferente si se trata de personas en situación de discapacidad, niños, niñas,
adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores, y en general de personas en
estado de indefensión o de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo
13 de la Constitución Política.
7. Exigir el cumplimiento de
las responsabilidades de los servidores públicos y de los particulares que
cumplan funciones administrativas.
8. A formular alegaciones y
aportar documentos u otros elementos de prueba en cualquier actuación
administrativa en la cual tenga interés, a que dichos documentos sean valorados
y tenidos en cuenta por las autoridades al momento de decidir y a que estas le
informen al interviniente cuál ha sido el resultado de su participación en el
procedimiento correspondiente.
9. Cualquier otro que le
reconozca la Constitución y las leyes.
Artículo 7°. Deberes de las autoridades en la
atención al público. Las
autoridades tendrán, frente a las personas que ante ellas acudan y en relación
con los asuntos que tramiten, los siguientes deberes:
1. Dar trato respetuoso,
considerado y diligente a todas las personas sin distinción.
2. Garantizar atención
personal al público, como mínimo durante cuarenta (40) horas a la semana, las
cuales se distribuirán en horarios que satisfagan las necesidades del servicio.
3. Atender a todas las
personas que hubieran ingresado a sus oficinas dentro del horario normal de
atención.
4. Establecer un sistema de
turnos acorde con las necesidades del servicio y las nuevas tecnologías, para
la ordenada atención de peticiones, quejas, denuncias o reclamos, sin perjuicio
de lo señalado en el numeral 6 del artículo 5° de este Código.
5. Expedir, hacer visible y actualizar
anualmente una carta de trato digno al usuario donde la respectiva autoridad
especifique todos los derechos de los usuarios y los medios puestos a su
disposición para garantizarlos efectivamente.
6. Tramitar las peticiones que
lleguen vía fax o por medios electrónicos, de conformidad con lo previsto en el numeral 1
del artículo 5° de este Código.
7. Atribuir a dependencias
especializadas la función de atender quejas y reclamos, y dar orientación al
público.
8. Adoptar medios tecnológicos
para el trámite y resolución de peticiones, y permitir el uso de medios
alternativos para quienes no dispongan de aquellos.
9. Habilitar espacios idóneos
para la consulta de expedientes y documentos, así como para la atención cómoda
y ordenada del público.
10. Todos los demás que
señalen la Constitución, la ley y los reglamentos.
Artículo 8°. Deber de información al público. Las autoridades deberán mantener a
disposición de toda persona información completa y actualizada, en el sitio de
atención y en la página electrónica,
y suministrarla a través de los medios impresos y electrónicos de que disponga,
y por medio telefónico o por correo, sobre los siguientes aspectos:
1. Las normas básicas que
determinan su competencia.
2. Las funciones de sus
distintas dependencias y los servicios que prestan.
3. Las regulaciones,
procedimientos, trámites y términos a que están sujetas las actuaciones de los
particulares frente al respectivo organismo o entidad.
4. Los actos administrativos
de carácter general que expidan y los documentos de interés público relativos a
cada uno de ellos.
5. Los documentos que deben
ser suministrados por las personas según la actuación de que se trate.
6. Las dependencias
responsables según la actuación, su localización, los horarios de trabajo y demás
indicaciones que sean necesarias para que toda persona pueda cumplir sus
obligaciones o ejercer sus derechos.
7. La dependencia, y el cargo
o nombre del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o reclamo.
8. Los
proyectos específicos de regulación y la información en que se fundamenten, con
el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas. Para el
efecto, deberán señalar el plazo dentro del cual se podrán presentar
observaciones, de las cuales se dejará registro público. En todo caso la
autoridad adoptará autónomamente la decisión que a su juicio sirva mejor el
interés general.
Parágrafo. Para obtener estas informaciones en ningún
caso se requerirá la presencia del interesado.
1. La designación de la
autoridad a la que se dirige.
2. Los nombres y apellidos
completos del solicitante y de su representante y o apoderado, si es el caso,
con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá
correspondencia. El peticionario podrá agregar el número de fax o la dirección electrónica. Si el
peticionario es una persona privada que deba estar inscrita en el registro
mercantil, estará obligada a indicar su dirección electrónica.
3. El objeto de la petición.
4. Las razones en las que
fundamenta su petición.
5. La relación de los
requisitos exigidos por la ley y de los documentos que desee presentar para
iniciar el trámite.
6. La firma del peticionario
cuando fuere el caso.
Parágrafo. La autoridad tiene la obligación de examinar
integralmente la petición, y en ningún caso la estimará incompleta por falta de
requisitos o documentos que no se encuentren dentro del marco jurídico vigente
y que no sean necesarios para resolverla.
TECNOLOG
Artículo 3°. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y
aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos
administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución
Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.
Las actuaciones
administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios
del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad,
participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación,
eficacia, economía y celeridad.
1. En virtud del principio del
debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad
con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y
la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y
contradicción.
En materia administrativa
sancionatoria, se observarán adicionalmente los principios de legalidad de las
faltas y de las sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in pejus y non bis in idem.
2. En virtud del principio de
igualdad, las autoridades darán el mismo trato y protección a las personas e
instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento. No
obstante, serán objeto de trato y protección especial las personas que por su
condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de
debilidad manifiesta.
3. En virtud del principio de
imparcialidad, las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la
finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos
de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración
factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación
subjetiva.
4. En virtud del principio de
buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal
y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.
5. En virtud del principio de
moralidad, todas las personas y los servidores públicos están obligados a actuar
con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas.
6. En virtud del principio de
participación, las autoridades promoverán y atenderán las iniciativas de los
ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a intervenir en los procesos
de deliberación, formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión
pública.
7. En virtud del principio de
responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán las consecuencias por
sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de acuerdo con la
Constitución, las leyes y los reglamentos.
8. En virtud del principio de
transparencia, la actividad administrativa es del dominio público, por
consiguiente, toda persona puede conocer las actuaciones de la administración,
salvo reserva legal.
9. En virtud del principio de
publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en
forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos,
contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones
que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera
masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en este Código. Cuando
el interesado deba asumir el costo de la publicación, esta no podrá exceder en
ningún caso el valor de la misma.
10. En virtud del principio de
coordinación, las autoridades concertarán sus actividades con las de otras
instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento
de sus derechos a los particulares.
11. En virtud del principio de
eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad
y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales,
evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo
con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en
procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación
administrativa.
12. En virtud del principio de
economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia,
optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto
nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las
personas.
13. En virtud del principio de
celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e
incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos
de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos
legales y sin dilaciones injustificadas.
Artículo 5. Derechos de las
personas ante las autoridades. En
sus relaciones con las autoridades toda persona tiene derecho a:
1. Presentar peticiones en
cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por escrito, o por cualquier otro
medio idóneo y sin necesidad de apoderado, así como a obtener información y
orientación acerca de los requisitos que las disposiciones vigentes exijan para
tal efecto.
Las anteriores actuaciones
podrán ser adelantadas o promovidas por cualquier medio tecnológico o electrónico disponible
en la entidad, aún por fuera de las horas de atención al público.
2. Conocer, salvo expresa
reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y obtener copias, a
su costa, de los respectivos documentos.
3. Salvo reserva legal,
obtener información que repose en los registros y archivos públicos en los
términos previstos por la Constitución y las leyes.
4. Obtener respuesta oportuna
y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para el efecto.
5. Ser tratado con el respeto
y la consideración debida a la dignidad de la persona humana.
6. Recibir atención especial y
preferente si se trata de personas en situación de discapacidad, niños, niñas,
adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores, y en general de personas en
estado de indefensión o de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo
13 de la Constitución Política.
7. Exigir el cumplimiento de
las responsabilidades de los servidores públicos y de los particulares que
cumplan funciones administrativas.
8. A formular alegaciones y
aportar documentos u otros elementos de prueba en cualquier actuación
administrativa en la cual tenga interés, a que dichos documentos sean valorados
y tenidos en cuenta por las autoridades al momento de decidir y a que estas le
informen al interviniente cuál ha sido el resultado de su participación en el
procedimiento correspondiente.
9. Cualquier otro que le
reconozca la Constitución y las leyes.
Artículo 7°. Deberes de las autoridades en la
atención al público. Las
autoridades tendrán, frente a las personas que ante ellas acudan y en relación
con los asuntos que tramiten, los siguientes deberes:
1. Dar trato respetuoso,
considerado y diligente a todas las personas sin distinción.
2. Garantizar atención
personal al público, como mínimo durante cuarenta (40) horas a la semana, las
cuales se distribuirán en horarios que satisfagan las necesidades del servicio.
3. Atender a todas las
personas que hubieran ingresado a sus oficinas dentro del horario normal de
atención.
4. Establecer un sistema de
turnos acorde con las necesidades del servicio y las nuevas tecnologías, para la
ordenada atención de peticiones, quejas, denuncias o reclamos, sin perjuicio de
lo señalado en el numeral 6 del artículo 5° de este Código.
5. Expedir, hacer visible y
actualizar anualmente una carta de trato digno al usuario donde la respectiva
autoridad especifique todos los derechos de los usuarios y los medios puestos a
su disposición para garantizarlos efectivamente.
6. Tramitar las peticiones que
lleguen vía fax o por medios electrónicos, de conformidad con lo previsto en el
numeral 1 del artículo 5° de este Código.
7. Atribuir a dependencias
especializadas la función de atender quejas y reclamos, y dar orientación al
público.
8. Adoptar medios tecnológicos para
el trámite y resolución de peticiones, y permitir el uso de medios alternativos
para quienes no dispongan de aquellos.
9. Habilitar espacios idóneos
para la consulta de expedientes y documentos, así como para la atención cómoda
y ordenada del público.
10. Todos los demás que
señalen la Constitución, la ley y los reglamentos.
Artículo 206. Deber de colaboración. Los empleados de cada despacho
judicial deberán asistir y auxiliar a los usuarios en la debida utilización de
las herramientas tecnológicas
que se dispongan en cada oficina para la consulta de información sobre las
actuaciones judiciales.
Artículo 304. Plan Especial de Descongestión. Dentro del año siguiente contado a partir
de la promulgación de la ley, el Consejo Superior de la Judicatura con la
participación del Consejo de Estado, preparará y adoptará, entre otras medidas
transitorias, un Plan Especial de Descongestión de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, cuyo objetivo es el de llevar hasta su terminación
todos los procesos judiciales promovidos antes de la entrada en vigencia de la
presente ley y que se encuentren acumulados en los juzgados y tribunales
administrativos y en el Consejo de Estado.
El Plan Especial de
Descongestión funcionará bajo la metodología de Gerencia de Proyecto, adscrito
a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la cual
contratará un gerente de proyecto de terna presentada por la Sala Plena del
Consejo de Estado, corporación que tendrá en cuenta, especialmente, a
profesionales con experiencia en diagnósticos sobre congestión judicial,
conocimiento especializado sobre el funcionamiento la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo y en dirección y ejecución de proyectos en grandes
organizaciones. El gerente de proyecto será responsable de dirigir la ejecución
del plan y coordinar las tareas operativas con el Consejo de Estado, los
tribunales y juzgados de lo contencioso administrativo y las demás instancias
administrativas o judiciales involucradas.
El Plan Especial de
Descongestión se ejecutará en el grupo de despachos judiciales seleccionados
para el efecto, de acuerdo con los volúmenes de negocios a evacuar y funcionará
en forma paralela a los despachos designados para asumir las nuevas
competencias y procedimientos establecidos en esté Código. Estos despachos
quedarán excluidos del reparto de acciones constitucionales.
El Plan Especial de
Descongestión tendrá dos fases que se desarrollarán con base en los siguientes
parámetros:
1. Fase de Diagnóstico. Será ejecutada por
personal contratado para el efecto, diferente a los empleados de los despachos.
En ella se realizarán al menos las siguientes tareas:
a) Inventario real de los
procesos acumulados en cada despacho.
b) Clasificación técnica de
los procesos que cursan en cada despacho, aplicando metodologías de
clasificación por especialidad, afinidad temática, cuantías, estado del trámite
procesal, entre otras.
c) Inventario clasificado de
los procesos que cursan en cada circuito, distrito y acumulado nacional.
d) Costeo y elaboración del
presupuesto especial para el Plan Especial de Descongestión.
e) Análisis del mapa real de
congestión y definición de las estrategias y medidas a tomar con base en los
recursos humanos, financieros y de infraestructura física y tecnológica
disponibles.
f) Determinación de los
despachos especiales que tendrán a su cargo el plan de descongestión, asignando
la infraestructura física y tecnológica apropiada.
3. (Sic) Fase de Ejecución. En ella se realizarán al
menos las siguientes labores:
DIGITAL
Artículo 59. Expediente electrónico Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 2609 de 2012. El
expediente electrónico es el conjunto de documentos electrónicos correspondientes
a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información
que contengan.
El foliado de los expedientes
electrónicos se llevará a cabo mediante un índice electrónico, firmado
digitalmente por la autoridad, órgano o entidad actuante, según proceda. Este
índice garantizará la integridad del expediente electrónico y permitirá su
recuperación cuando se requiera.
La autoridad respectiva
conservará copias de seguridad periódicas que cumplan con los requisitos de
archivo y conservación en medios electrónicos, de conformidad con la ley.
INFORMATIC
Artículo 201. Notificaciones por estado. Los autos no sujetos al requisito de la notificación
personal se notificarán por medio de anotación en estados electrónicos para
consulta en línea bajo la responsabilidad del Secretario. La inserción en el
estado se hará el día siguiente al de la fecha del auto y en ella ha de
constar:
1. La identificación del
proceso.
2. Los nombres del demandante
y el demandado.
3. La fecha del auto y el
cuaderno en que se halla.
4. La fecha del estado y la
firma del Secretario.
El estado se insertará en los
medios informáticos
de la Rama Judicial y permanecerá allí en calidad de medio notificador durante
el respectivo día.
De las notificaciones hechas
por estado el Secretario dejará certificación con su firma al pie de la
providencia notificada y se enviará un mensaje de datos a quienes hayan
suministrado su dirección electrónica.
De los estados que hayan sido
fijados electrónicamente se conservará un archivo disponible para la consulta
permanente en línea por cualquier interesado, por el término mínimo de diez
(10) años.
Cada juzgado dispondrá del
número suficiente de equipos electrónicos al acceso del público para la
consulta de los estados.
LEY 1564 DE 2012
(Julio 12)
Por medio de la cual se expide el Código General del
Proceso y se dictan otras disposiciones.
ELECTRON
Artículo 78. Deberes de las partes y sus apoderados.
Son deberes de las partes y
sus apoderados:
1. Proceder con lealtad y
buena fe en todos sus actos.
2. Obrar sin temeridad en sus
pretensiones o defensas y en el ejercicio de sus derechos procesales.
3. Abstenerse de obstaculizar
el desarrollo de las audiencias y diligencias.
4. Abstenerse de usar
expresiones injuriosas en sus escritos y exposiciones orales, y guardar el
debido respeto al juez, a los empleados de este, a las partes y a los
auxiliares de la justicia.
5. Comunicar por escrito
cualquier cambio de domicilio o del lugar señalado para recibir notificaciones
personales, en la demanda o en su contestación o en el escrito de excepciones
en el proceso ejecutivo, so pena de que estas se surtan válidamente en el
anterior.
6. Realizar las gestiones y
diligencias necesarias para lograr oportunamente la integración del
contradictorio.
7. Concurrir al despacho
cuando sean citados por el juez y acatar sus órdenes en las audiencias y
diligencias.
8. Prestar al juez su
colaboración para la práctica de pruebas y diligencias.
9. Abstenerse de hacer
anotaciones marginales o interlineadas, subrayados o dibujos de cualquier clase
en el expediente, so pena de incurrir en multa de un salario mínimo legal
mensual vigente (1 smlmv).
10. Abstenerse de solicitarle
al juez la consecución de documentos que directamente o por medio del ejercicio
del derecho de petición hubiere podido conseguir.
11. Comunicar a su
representado el día y la hora que el juez haya fijado para interrogatorio de
parte, reconocimiento de documentos, inspección judicial o exhibición, en
general la de cualquier audiencia y el objeto de la misma, y darle a conocer de
inmediato la renuncia del poder.
Citar a los testigos cuya
declaración haya sido decretada a instancia suya, por cualquier medio eficaz, y
allegar al expediente la prueba de la citación.
12. Adoptar las medidas para
conservar en su poder las pruebas y la información contenida en mensajes de
datos que tenga relación con el proceso y exhibirla cuando sea exigida por el
juez, de acuerdo con los procedimientos establecidos en este código.
13. Informar oportunamente al
cliente sobre el alcance y consecuencia del juramento estimatorio, la demanda
de reconvención y la vinculación de otros sujetos procesales.
14. Enviar a las demás partes
del proceso después de notificadas, cuando hubieren suministrado una dirección
de correo electrónico o un medio equivalente para la transmisión de datos, un
ejemplar de los memoriales presentados en el proceso. Se exceptúa la petición
de medidas cautelares. Este deber se cumplirá a más tardar el día siguiente a
la presentación del memorial. El incumplimiento de este deber no afecta la
validez de la actuación, pero la parte afectada podrá solicitar al juez la
imposición de una multa hasta por un salario mínimo legal mensual vigente (1
smlmv) por cada infracción.
15. Limitar las
transcripciones o reproducciones de actas, decisiones, conceptos, citas
doctrinales y jurisprudenciales a las que sean estrictamente necesarias para la
adecuada fundamentación de la solicitud
Artículo 82. Requisitos de la demanda.
Salvo disposición en
contrario, la demanda con que se promueva todo proceso deberá reunir los
siguientes requisitos:
1. La designación del juez a
quien se dirija.
2. El nombre y domicilio de
las partes y, si no pueden comparecer por sí mismas, los de sus representantes
legales. Se deberá indicar el número de identificación del demandante y de su
representante y el de los demandados si se conoce. Tratándose de personas
jurídicas o de patrimonios autónomos será el número de identificación
tributaria (NIT).
3. El nombre del apoderado
judicial del demandante, si fuere el caso.
4. Lo que se pretenda,
expresado con precisión y claridad.
5. Los hechos que le sirven de
fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y
numerados.
6. La petición de las pruebas
que se pretenda hacer valer, con indicación de los documentos que el demandado
tiene en su poder, para que este los aporte.
7. El juramento estimatorio,
cuando sea necesario.
8. Los fundamentos de derecho.
9. La cuantía del proceso,
cuando su estimación sea necesaria para determinar la competencia o el trámite.
10. El lugar, la dirección
física y electrónica que tengan o estén obligados a llevar, donde las partes,
sus representantes y el apoderado del demandante recibirán notificaciones
personales.
11. Los demás que exija la
ley.
Artículo 96. Contestación de la demanda.
La contestación de la demanda
contendrá:
1. El nombre del demandado, su
domicilio y los de su representante o apoderado en caso de no comparecer por sí
mismo. También deberá indicar el número de documento de identificación del
demandado y de su representante. Tratándose de personas jurídicas o patrimonios
autónomos deberá indicarse el Número de Identificación Tributaria (NIT).
2. Pronunciamiento expreso y
concreto sobre las pretensiones y sobre los hechos de la demanda, con
indicación de los que se admiten, los que se niegan y los que no le constan. En
los dos últimos casos manifestará en forma precisa y unívoca las razones de su
respuesta. Si no lo hiciere así, se presumirá cierto el respectivo hecho.
3. Las excepciones de mérito
que se quieran proponer contra las pretensiones del demandante, con expresión
de su fundamento fáctico, el juramento estimatorio y la alegación del derecho
de retención, si fuere el caso.
4. La petición de las pruebas
que el demandado pretenda hacer valer, si no obraren en el expediente.
5. El lugar, la dirección
física y de correo electrónico que tengan o estén obligados a llevar, donde el
demandado, su representante o apoderado recibirán notificaciones personales.
A la contestación de la
demanda deberá acompañarse el poder de quien la suscriba a nombre del
demandado, la prueba de su existencia y representación, si a ello hubiere
lugar, los documentos que estén en su poder y que hayan sido solicitados por el
demandante, o la manifestación de que no los tiene, y las pruebas que pretenda
hacer valer.
Uso de las tecnologías de la información
y de las comunicaciones.
En todas las actuaciones
judiciales deberá procurarse el uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones en la gestión y trámite de los procesos judiciales, con el fin
de facilitar y agilizar el acceso a la justicia, así como ampliar su cobertura.
Las actuaciones judiciales se
podrán realizar a través de mensajes de datos. La autoridad judicial deberá
contar con mecanismos que permitan generar, archivar y comunicar mensajes de
datos.
En cuanto sean compatibles con
las disposiciones de este código se aplicará lo dispuesto en la Ley 527 de
1999, las que lo sustituyan o modifiquen, y sus reglamentos.
Parágrafo
primero.
La Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura adoptará las medidas necesarias para procurar
que al entrar en vigencia este código todas las autoridades judiciales cuenten
con las condiciones técnicas necesarias para generar, archivar y comunicar
mensajes de datos.
El Plan de Justicia Digital
estará integrado por todos los procesos y herramientas de gestión de la
actividad jurisdiccional por medio de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, que permitan formar y gestionar expedientes digitales y el
litigio en línea. El plan dispondrá el uso obligatorio de dichas tecnologías de
manera gradual, por despachos judiciales o zonas geográficas del país, de
acuerdo con la disponibilidad de condiciones técnicas para ello.
Parágrafo
segundo.
No obstante lo dispuesto en la
Ley 527 de 1999, se presumen auténticos los memoriales y demás comunicaciones
cruzadas entre las autoridades judiciales y las partes o sus abogados, cuando
sean originadas desde el correo electrónico suministrado en la demanda o en
cualquier otro acto del proceso.
Parágrafo
tercero.
Cuando este código se refiera
al uso de correo electrónico, dirección electrónica, medios magnéticos o medios
electrónicos, se entenderá que también podrán utilizarse otros sistemas de
envío, trasmisión, acceso y almacenamiento de mensajes de datos siempre que
garanticen la autenticidad e integridad del intercambio o acceso de
información. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
establecerá los sistemas que cumplen con los anteriores presupuestos y
reglamentará su utilización.
Artículo 109. Presentación y trámite de memoriales e
incorporación de escritos y comunicaciones.
El secretario hará constar la
fecha y hora de presentación de los memoriales y comunicaciones que reciba y
los agregará al expediente respectivo; los ingresará inmediatamente al despacho
solo cuando el juez deba pronunciarse sobre ellos fuera de audiencia. Sin
embargo, cuando se trate del ejercicio de un recurso o de una facultad que
tenga señalado un término común, el secretario deberá esperar a que este
transcurra en relación con todas las partes.
Los memoriales podrán
presentarse y las comunicaciones transmitirse por cualquier medio idóneo.
Las autoridades judiciales
llevarán un estricto control y relación de los mensajes recibidos que incluya
la fecha y hora de recepción. También mantendrán el buzón del correo
electrónico con disponibilidad suficiente para recibir los mensajes de datos.
Los memoriales, incluidos los
mensajes de datos, se entenderán presentados oportunamente si son recibidos
antes del cierre del despacho del día en que vence el término.
Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes.
De cada proceso en curso se
formará un expediente, en el que se insertará la demanda, su contestación, y
los demás documentos que le correspondan. En él se tomará nota de los datos que
identifiquen las grabaciones en que se registren las audiencias y diligencias.
En aquellos juzgados en los
que se encuentre implementado el Plan de Justicia Digital, el expediente estará
conformado íntegramente por mensajes de datos.
Los memoriales o demás
documentos que sean remitidos como mensaje de datos, por correo electrónico o
medios tecnológicos similares, serán incorporados al expediente cuando hayan
sido enviados a la cuenta del juzgado desde una dirección electrónica inscrita
por el sujeto procesal respectivo.
Cuando el proceso conste en un
expediente físico, los mencionados documentos se incorporarán a este de forma
impresa, con la anotación del secretario acerca de la fecha y hora en la que
fue recibido en la cuenta de correo del despacho, y la información de la cuenta
desde la cual fue enviado el mensaje de datos. El despacho deberá conservar el
mensaje recibido en su cuenta de correo, por lo menos, hasta la siguiente
oportunidad en que el juez ejerza el control de legalidad, salvo que, por la
naturaleza de la información enviada, la parte requiera la incorporación del
documento en otro soporte que permita la conservación del mensaje en el mismo
formato en que fue generado. Las expensas generadas por las impresiones harán
parte de la liquidación de costas.
El expediente de cada proceso
concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos
establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar
al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará
la expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso.
TECNOLOG
Artículo 103. Uso de las tecnologías de la información
y de las comunicaciones.
En todas las actuaciones
judiciales deberá procurarse el uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones en la gestión y trámite de los procesos judiciales, con el fin
de facilitar y agilizar el acceso a la justicia, así como ampliar su cobertura.
Las actuaciones judiciales se
podrán realizar a través de mensajes de datos. La autoridad judicial deberá
contar con mecanismos que permitan generar, archivar y comunicar mensajes de
datos.
En cuanto sean compatibles con
las disposiciones de este código se aplicará lo dispuesto en la Ley 527 de
1999, las que lo sustituyan o modifiquen, y sus reglamentos.
Parágrafo
primero.
La Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura adoptará las medidas necesarias para procurar
que al entrar en vigencia este código todas las autoridades judiciales cuenten
con las condiciones técnicas necesarias para generar, archivar y comunicar mensajes
de datos.
El Plan de Justicia Digital
estará integrado por todos los procesos y herramientas de gestión de la
actividad jurisdiccional por medio de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, que permitan formar y gestionar expedientes digitales y el
litigio en línea. El plan dispondrá el uso obligatorio de dichas tecnologías de
manera gradual, por despachos judiciales o zonas geográficas del país, de
acuerdo con la disponibilidad de condiciones técnicas para ello.
Artículo 618. Plan de Acción para la Implementación
del Código General del Proceso.
La Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, con la colaboración armónica del Ministerio
de Justicia y del Derecho, dentro de los seis (6) meses siguientes a la
promulgación de la presente ley, elaborará el correspondiente Plan de Acción
para la Implementación del Código General del Proceso que incluirá, como
mínimo, los siguientes componentes respecto de los despachos judiciales con
competencias en lo civil, comercial, de familia y agrario:
1. Plan especial de
descongestión, incluyendo el previo inventario real de los procesos
clasificados por especialidad, tipo de proceso, afinidad temática, cuantías,
fecha de reparto y estado del trámite procesal, entre otras.
2. Nuevo modelo de gestión,
estructura interna y funcionamiento de los despachos, así como de las oficinas
y centros de servicios judiciales.
3. Reglamentación de los
asuntos de su competencia que guarden relación con las funciones atribuidas en
este código.
4. Creación y redistribución
de despachos judiciales, ajustes al mapa judicial y desconcentración de
servicios judiciales según la demanda y la oferta de justicia.
5. Uso y adecuación de la
infraestructura física y tecnológica de los despachos, salas de audiencias y
centros de servicios, que garanticen la seguridad e integridad de la
información.
6. Selección, en los casos a
que haya lugar, del talento humano por el sistema de carrera judicial de
acuerdo con el perfil requerido para la implementación del nuevo código.
7. Programa de formación y
capacitación para la transformación cultural y el desarrollo en los
funcionarios y empleados judiciales de las competencias requeridas para la
implementación del nuevo código, con énfasis en la oralidad, las nuevas
tendencias en la dirección del proceso por audiencias y el uso de las
tecnologías de la información y las comunicaciones.
8. Modelo de atención y
comunicación con los usuarios.
9. Formación de funcionarios
de las entidades con responsabilidades en procesos regidos por la oralidad.
10. Planeación y control
financiero y presupuestal de acuerdo con el estudio de costos y beneficios para
la implementación del código;
11. Sistema de seguimiento y
control a la ejecución del plan de acción.
AUDIOVI
Artículo 107. Audiencias y diligencias.
Las audiencias y diligencias
se sujetarán a las siguientes reglas:
1. Iniciación y concurrencia.
Toda audiencia será presidida por el juez y, en su caso, por los magistrados
que conozcan del proceso. La ausencia del juez o de los magistrados genera la
nulidad de la respectiva actuación.
Sin embargo, la audiencia
podrá llevarse a cabo con la presencia de la mayoría de los magistrados que
integran la Sala, cuando la ausencia obedezca a un hecho constitutivo de fuerza
mayor o caso fortuito. En el acta se dejará expresa constancia del hecho
constitutivo de aquel.
Las audiencias y diligencias
se iniciarán en el primer minuto de la hora señalada para ellas, aun cuando
ninguna de las partes o sus apoderados se hallen presentes.
Las partes, los terceros intervinientes
o sus apoderados que asistan después de iniciada la audiencia o diligencia
asumirán la actuación en el estado en que se encuentre al momento de su
concurrencia.
Cuando se produzca cambio de
juez que deba proferir sentencia en primera o segunda instancia, quien lo
sustituya deberá convocar a una audiencia especial con el solo fin de repetir
la oportunidad para alegar. Oídas las alegaciones, se dictará sentencia según
las reglas generales.
2. Concentración. Toda
audiencia o diligencia se adelantará sin solución de continuidad. El juez
deberá reservar el tiempo suficiente para agotar el objeto de cada audiencia o
diligencia.
El incumplimiento de este
deber constituirá falta grave sancionable conforme al régimen disciplinario.
3. Intervenciones. Las intervenciones
de los sujetos procesales, no excederán de (20) minutos, salvo disposición en
contrario. No obstante, el juez de oficio o por solicitud de alguna de las
partes, podrá autorizar un tiempo superior, atendiendo las condiciones del caso
y garantizando la igualdad. Contra esta decisión no procede recurso alguno.
4. Grabación. La actuación
adelantada en una audiencia o diligencia se grabará en medios de audio,
audiovisuales o en cualquiera otro que ofrezca seguridad para el registro de lo
actuado.
5. Publicidad. Las audiencias
y diligencias serán públicas, salvo que el juez, por motivos justificados,
considere necesario limitar la asistencia de terceros.
El Consejo Superior de la
Judicatura deberá proveer los recursos técnicos necesarios para la grabación de
las audiencias y diligencias.
6. Prohibiciones. Las
intervenciones orales no podrán ser sustituidas por escritos.
TELECONF
COMISIÓN, Artículo 37. Reglas
generales.
La comisión solo podrá
conferirse para la práctica de pruebas en los casos que autoriza el artículo
171, para la de otras diligencias que deban surtirse fuera de la sede del juez
del conocimiento, y para secuestro y entrega de bienes en dicha sede, en cuanto
fuere menester. No podrá comisionarse para la práctica de medidas cautelares
extraprocesales.
La comisión podrá consistir en
la solicitud, por cualquier vía expedita, de auxilio a otro servidor público
para que realice las diligencias necesarias que faciliten la práctica de las
pruebas por medio de videoconferencia, teleconferencia o cualquier otro medio
idóneo de comunicación simultánea.
Cuando se ordene practicar
medidas cautelares antes de la notificación del auto admisorio de la demanda o
del mandamiento ejecutivo, a petición y costa de la parte actora y sin
necesidad de que el juez lo ordene, se anexará al despacho comisorio una copia
del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo, para efectos de
que el comisionado realice la notificación personal.
El retiro y entrega de copias
de la demanda y sus anexos así como la fecha a partir de la cual debe
computarse el término de traslado de la demanda, estará sujeto a lo previsto en
el artículo 91 de este código.
Cuando el despacho judicial
comitente y el comisionado tengan habilitado el Plan de Justicia Digital, no
será necesaria la remisión física de dichos documentos por parte del comitente.
Artículo 171. Juez que debe practicar las pruebas.
El juez practicará
personalmente todas las pruebas. Si no lo pudiere hacer por razón del
territorio o por otras causas podrá hacerlo a través de videoconferencia,
teleconferencia o de cualquier otro medio de comunicación que garantice la
inmediación, concentración y contradicción.
Excepcionalmente, podrá
comisionar para la práctica de pruebas que deban producirse fuera de la sede del
juzgado y no sea posible emplear los medios técnicos indicados en este
artículo.
Es prohibido al juez
comisionar para la práctica de pruebas que hayan de producirse en el lugar de
su sede, así como para la de inspecciones dentro de su jurisdicción territorial.
No obstante, la Corte Suprema
de Justicia podrá comisionar cuando lo estime conveniente.
Las pruebas practicadas en el
exterior deberán ceñirse a los principios generales contemplados en el presente
código, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales vigentes.
Artículo 201. Traslado de la parte a la sede del
juzgado.
Cuando la parte citada resida
en lugar distinto a la sede del juzgado, el juez dispondrá que quien haya
solicitado la prueba consigne, dentro de la ejecutoria del auto, el valor que
el juez señale para gastos de transporte y permanencia, salvo que la audiencia
pueda realizarse por videoconferencia, teleconferencia o se encuentre en una de
las eventualidades que permiten comisionar. Contra tal decisión no cabe recurso
DIGITAL
Artículo 37. Reglas generales.
La comisión solo podrá
conferirse para la práctica de pruebas en los casos que autoriza el artículo
171, para la de otras diligencias que deban surtirse fuera de la sede del juez
del conocimiento, y para secuestro y entrega de bienes en dicha sede, en cuanto
fuere menester. No podrá comisionarse para la práctica de medidas cautelares
extraprocesales.
La comisión podrá consistir en
la solicitud, por cualquier vía expedita, de auxilio a otro servidor público
para que realice las diligencias necesarias que faciliten la práctica de las
pruebas por medio de videoconferencia, teleconferencia o cualquier otro medio
idóneo de comunicación simultánea.
Cuando se ordene practicar
medidas cautelares antes de la notificación del auto admisorio de la demanda o
del mandamiento ejecutivo, a petición y costa de la parte actora y sin
necesidad de que el juez lo ordene, se anexará al despacho comisorio una copia del
auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo, para efectos de que
el comisionado realice la notificación personal.
El retiro y entrega de copias
de la demanda y sus anexos así como la fecha a partir de la cual debe
computarse el término de traslado de la demanda, estará sujeto a lo previsto en
el artículo 91 de este código.
Cuando el despacho judicial
comitente y el comisionado tengan habilitado el Plan de Justicia Digital, no
será necesaria la remisión física de dichos documentos por parte del comitente.
Artículo 74. Poderes.
Los poderes generales para
toda clase de procesos solo podrán conferirse por escritura pública. El poder
especial para uno o varios procesos podrá conferirse por documento privado. En
los poderes especiales los asuntos deberán estar determinados y claramente
identificados.
El poder especial puede
conferirse verbalmente en audiencia o diligencia o por memorial dirigido al
juez del conocimiento. El poder especial para efectos judiciales deberá ser
presentado personalmente por el poderdante ante juez, oficina judicial de apoyo
o notario. Las sustituciones de poder se presumen auténticas.
Los poderes podrán extenderse
en el exterior, ante cónsul colombiano o el funcionario que la ley local
autorice para ello; en ese último caso, su autenticación se hará en la forma
establecida en el artículo 251.
Cuando quien otorga el poder
fuere una sociedad, si el cónsul que lo autentica o ante quien se otorga hace
constar que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de aquella y que quien
lo confiere es su representante, se tendrán por establecidas estas
circunstancias. De la misma manera se procederá cuando quien confiera el poder
sea apoderado de una persona.
Se podrá conferir poder
especial por mensaje de datos con firma digital.
Los poderes podrán ser
aceptados expresamente o por su ejercicio.
Artículo 89. Presentación de la demanda.
La demanda se entregará, sin
necesidad de presentación personal, ante el secretario del despacho judicial al
que se dirija o de la oficina judicial respectiva, quien dejará constancia de
la fecha de su recepción.
Con la demanda deberá
acompañarse copia para el archivo del juzgado, y tantas copias de ella y de sus
anexos cuantas sean las personas a quienes deba correrse traslado. Además,
deberá adjuntarse la demanda como mensaje de datos para el archivo del juzgado
y el traslado de los demandados. Donde se haya habilitado en Plan de Justicia
Digital, no será necesario presentar copia física de la demanda.
Al momento de la presentación,
el secretario verificará la exactitud de los anexos anunciados, y si no
estuvieren conformes con el original los devolverá para que se corrijan.
Este trabajo final tiene el
objetivo de darnos a conocer como se manejan los conceptos tales
como: Electron, Tecnolog, Audiovi, Teleconf, Digital, Informatic,
Telematic, en la normatividad Colombiana, precisamente en el Código General del
Proceso, El Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso
Administrativo, y la Ley Estatutaria De Justicia. Las cuales son unas de
las normatividades más relevantes dentro de nuestro territorio nacional.
Podemos observar con el Nuevo
Código General del Proceso como el derecho ha venido avanzando en materia
de adopción de mecanismos o herramientas electrónicas y tecnológicas, brindando
así un mejor desempeño y mayor celeridad en los procesos y el manejo de la
informacion. Pero no solo el CGP ha implementado estas nuevas
herramientas, como podemos ver el CPACA y LEAJ no se quedan atrás cuando
de innovación hablamos.
La adopción de estas
herramientas permite la efectiva circulación de la información, de los
expedientes, de las notificaciones, de los comunicados, de la
gestión de asuntos, la organización del despacho, entre otras; demostrando una
vez más que la tecnología y el derecho cuando van de la mano, todo lo que
derive de ella, funciona con más eficiencia, celeridad y facilidad.
Esto implica cierta
“reestructuración” de los establecimientos judiciales, capacitación por parte
de los funcionarios judiciales y adopción de nuevas cátedras en las
universidades, en el área de informática para las facultades de derecho. A
continuación podrán observar, como son utilizados los términos anteriormente
mencionados en la normatividad Colombiana:
